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Denuncian padres de niños con cáncer, persecución en contra de doctores investigados por posesión de fentanilo
Padres de niños con cáncer acudieron a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia por extorsión y abuso de autoridad, en contra de Iliana Patricia Figueroa Romero, Agente del Ministerio Público, adscrita a la FGR con sede en La Paz, Baja California Sur, quien es responsable de investigar a los médicos Gustavo Darwin Aguirre Castro y Mónica Imelda Jáuregui Agundez, acusados de poseer fentanilo, a pesar de que cuentan con los permisos de usar la sustancia para el ejercicio de su profesión.
Encabezados por Luis Fernando Reyes, los padres de familia solicitaron que se dicten medidas de protección en favor de los dos doctores, procurando su vida, libertad, patrimonio y seguridad jurídica.
Debido a ello, el 24 de junio, personal de la Fiscalía General de La República se presentó en casa del doctor Aguirre Castro a realizar un cateo junto a elementos de la Marina Armada de México y de la Policía Municipal, aunque él médico no se encontraba presente. A pesar de que se demostró que los medicamentos fueron adquiridos de forma legal para uso médico, él y su familia fueron desalojados del inmueble.
Ante esto el doctor promovió un juicio de amparo indirecto y obtuvo la suspensión de la medida, pero durante el levantamiento de los sellos se presentó una agente del ministerio público (de la cual no se cuenta con nombre ni área a la que está adscrita) a notificar de nueva cuenta el aseguramiento del inmueble argumentando que existía una diversa carpeta de investigación, pero ahora en contra de la doctora Mónica Imelda Jáuregui Agundez, quien es la propietaria del inmueble.
Los padres de familia que acudieron ante la FGR consideraron que los Agentes del Ministerio Público han emprendido una persecución legal en contra de ambos doctores, con la finalidad de extorsionarlos para obtener un beneficio económico a cambio de desistirse de la acción legal, abusando de la autoridad con que les enviste la Fiscalía General de la República y violentando sus derechos humanos.
Luis Fernando Reyes y una decena de padres y madres de niños con cáncer, presentaron la denuncia como una forma de solidaridad con un sector que, señalaron, muchas veces hace lo imposible por atender a sus hijos, más allá de las capacidades institucionales.
Redacción
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